DECLARACIÓN A
NUESTRA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Es de público
conocimiento que la Universidad vive hoy uno de los momentos más duros de su
historia. En estos momentos la universidad está siendo investigada por el
MINEDUC a efectos de determinar la
concurrencia de las causales establecidas por la ley, relativas al
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, estatutarias y
académicas. El informe de esta investigación será evacuado el día 28 de
octubre.
Por diversos
medios se nos ha informado que
el no lograr una adecuada
estabilidad, cumplir los estatutos vigentes, presentar un plan económico
y asegurar recursos económicos
futuros, nos pone en una situación de riesgo de” cierre inminente”.
Esta situación, que requiere de la máxima
responsabilidad y cordura, que en nada obstaculiza los procesos de discusión
académica, la democratización y la participación de todos los estamentos,
requiere también de condiciones mínimas de normalidad para dar cumplimientos a
las exigencias que nos impone el MINEDUC . Estas dinámicas han sido perturbadas
brutalmente por una escalada de violencia peligrosa y contraproducente que ha
cobrado como víctimas a estudiantes y trabajadores heridos por perdigones
disparados por carabineros, agresiones internas a funcionarios, estudiantes y la
Sra. Rectora quién fue asediada y maltratada en su integridad física y su
dignidad personal.
Creemos que
la comunidad en su conjunto, es
responsable de recuperar y mantener la estabilidad institucional que, como universidad,
debemos preservar. El funcionamiento normal de la actividad
académica, evaluaciones e ingreso
de notas para cumplir con los compromisos vinculados a los CAE, asegurando la
mantención –renovación - de las becas, la integridad de los
servicios estudiantiles, normalización
de los procesos de pagos,
búsqueda de estabilidad financiera y asumir responsablemente
una restructuración institucional, es el único camino para asegurar la
viabilidad y autonomía de nuestra Casa de Estudios.
La
implementación de medidas económicas y administrativas de normalización no es
una opción, es una obligación que la ley impone a las instituciones de educación
superior y más aún ante el peligro de un inminente cierre, sea en el marco de la
legalidad vigente o de la que eventualmente pueda promulgarse. En ambos casos el
Estado no asistirá a la institución en materia financiera y no existe por ahora
ninguna posibilidad que las instituciones privadas se “traspasen” al mismo
directa o indirectamente. Para
mayor precisión sobre la función del Administrador Provisional (AP):
1.-
Su figura legal no contempla traer fondos públicos a la institución que
intervenga para estabilizar su situación financiera.
2.-
Su función es administrar los recursos
existentes, por lo mismo, reiteramos, el Estado no contempla inyectar
recursos.
3.- Su tramitación
(proyecto de ley) está
contemplada para los próximos 50
días, luego de ello se debe dictar un reglamento que norme su funcionamiento. El
reglamento tendría un tiempo de tramitación de aproximadamente seis
meses.
4.-
Como la universidad no está en condiciones de postular a la re-acreditación,
nuestra institución no recibirá recursos por concepto de nuevos alumnos CAE, que
hoy en día representa un 45% de los ingresos. Ello obliga a buscar recursos en
el sector privado (sistema bancario), gestiones que se están realizando y, que
están consideradas en el Plan de Desarrollo que ha diseñado la Vicerrectoría de
Gestión y Finanzas.
Los
antecedentes explicitados requieren de acciones urgentes para lograr en el más
breve plazo los siguientes puntos:
1.
Gobernabilidad y funcionamiento institucional que permita cumplir con los compromisos
que la ley establece.
2.
Presentar un plan de
reestructuración orientado a disminuir el gasto operacional que haga viable
financieramente a la institución.
3.
Normalización y regularización de las actividades académicas para dar
cumplimiento a los estatutos y la misión institucional.
En este
contexto todas las acciones que dañan la imagen de la universidad, como actos
violentos contra las personas, destrucción de la infraestructura, suspensión de
actividades, tomas y otras, son medidas, que más allá de las intenciones de sus
actores conducen al cierre de la universidad. Es necesario desatar la
creatividad para hacer universidad y salvar un proyecto que nosotros queremos y
que nuestro país necesita.
Firman la
declaración:
Directorio de
la Corporación Universidad ARCIS
Elisa Neumann, Rectora
Mauro Salazar, Secretario
General
Carlos Fuensalida, Vicerrector
Académico
Fernando Reveco, Vicerrector de Gestión
y Finanzas
Mario Soro, Vicerrector de Extensión y Publicaciones
Eduardo Novas, Vicerrector
Aseguramiento de la Calidad
Mario Cortez, Fiscal.
Direcciones de Escuelas y Coordinadores
Académicos:
Álvaro Monge,
Vicerrectoría Académica
Sally
Navarrete, Directora Escuela de Licenciatura en Matemáticas
Álvaro
Cuadra, Director Doctorado ELAP.
Fernando Undurraga, Director Escuela de Arte y
Cultura Visual
Angie
Mendoza, Coordinadora de Tesis Escuela de Trabajo Social
Jacqueline
Albetman, Directora Magíster ELAP
Juan Guzmán
Tapia, Director Escuela de Derecho
Virginia
Errazuríz, Coordinadora Académica Escuela de Arte y Cultura
Visual
Pedro Rosas,
Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales
Violeta
Pankova, Directora Magíster ELAP
Alex Leiva,
Director Escuela de
Antropología
Marcelo
Fuentealba, Director Escuela de Administración Pública
Gabriel Flores, Director Escuela Psicología
Jorge Rojas,
Director Magíster ELAP
Antonio
Aravena, Director Magíster ELAP
Leonel Yañez, Director Magíster ELAP
Jessica
Tapia, Coordinadora Académica Escuela de Derecho
Fernando
Torres, Director Escuela Periodismo
Luisa Castro
Nilo, Coordinadora académica Escuela Periodismo
Marisol Videla, Coordinadora Académica de
Escuela de Historia y Ciencias Sociales
Alex Cea,
Director (I) Escuela de Trabajo Social
Alejandro
Valdivia, Coordinador Académico Escuela de Trabajo Social
Asociación de Académicos
Universidad ARCIS
Marcelo Urra,
Profesor Asociación de Académicos
ARCIS
Gabriel
Espinoza Silva, Docente Escuelas de Derecho y
Administración Pública
